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El Colegio de Arquitectos de Madrid recurre la licitación de la Ciudad de la Justicia por incumplir la nueva Ley de Calidad de la Arquitectura

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El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha presentado un recurso administrativo contra la licitación abierta por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para retomar el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia, una vieja idea de Esperanza Aguirre que acabó embarrada en sospechas de corrupción. En sus alegaciones, la entidad sostiene que la convocatoria de la Comunidad de Madrid deja el proyecto «fuera del control público» y, en consecuencia, desprotege el interés general y la calidad de la Arquitectura, recogidos en la nueva Ley de Calidad de la Arquitectura, aprobada en junio de este año.

En el recurso, al que ha tenido acceso este diario, los arquitectos solicitan al Tribunal Administrativo de la Contratación Pública (TACP) que suspenda el acto recurrido –la licitación– y, en segundo lugar, que inste al Gobierno regional a que abra un concurso público para la elección de un proyecto de arquitectura previo a la adjudicación de los pliegos de la obra. «Se han saltado de alguna manera otorgar el carácter intelectual que un proyecto de arquitectura de esta magnitud tiene que tener», explica a este diario el vicedecano del COAM, Pablo Olalquiaga, que señala que este proyecto es, a excepción del plan Madrid Nuevo Norte, el de más envergadura que va a afrontar la ciudad en el medio plazo.

La licitación recurrida fue aprobada a finales de julio por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El objetivo, según explicó entonces el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, es “centralizar los edificios judiciales en una única sede, más moderna, que resuelva los problemas de espacio”. Es la misma idea que tuvo Aguirre en 2004 y que fracasó en 2009, dejando por el camino más de 100 millones de euros de dinero público en contratos que investiga la Audiencia Nacional. Ignacio González la retomó en 2015, pero el proyecto volvió a fracasar. 

De acuerdo con los pliegos que ha publicado el Gobierno de Ayuso, la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la construcción de un complejo de 28 edificios que albergarán 356 órganos judiciales en un único espacio de 136.606 metros cuadrados en la zona de de Valdebebas, cercana al aeropuerto de Madrid y al recinto ferial de Ifema. A cambio, la administración pagará un canon de 49,4 millones de euros anuales –revisable a partir del octavo año por un precio máximo del 2,5%– durante cuatro décadas, y cederá la explotación de dos de los edificios y un aparcamiento público de 1.900 plazas. También otros espacios con usos no judiciales, como un centro de deporte de ocio y salud, cafeterías, una escuela infantil privada, una zona de bulevar y otros usos menores. Esto, ha dicho López, “permitirá al concesionario mediante su explotación la obtención de beneficios al margen del canon”. En suma, el contrato ascenderá transcurrido ese tiempo a más de 2.700 millones de euros.

El recurso del COAM alega en primer lugar que la convocatoria y los pliegos de la licitación del proyecto de la Ciudad de la Justicia no cumplen con La Ley de Calidad de la Arquitectura promulgada el 14 de junio, que tiene el objetivo de «proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura como bien de interés general».

La segunda pata del recurso está relacionada con el primer punto: impugna que la licitación se haya hecho a través de un contrato de concesión de obras, que es contrario, entienden, tanto al principio de calidad de la arquitectura como al interés general. «Para la construcción de estos 28 edificios y sus infraestructuras se ha optado por la fórmula de la concesión de obras, con intervención privada, donde el promotor estará a cargo de las decisiones que afectan al conjunto arquitectónico que será usado por los usuarios finales», argumenta el colegio en el escrito.

El Colegio de Arquitectos considera que la justificación para este tipo de contratos es meramente económica. «El estudio de viabilidad propone un expediente de licitación de obras único en el que la opinión arquitectónica es una variable mínima dentro de otras, en el que no prima el mejor diseño ni la mejor propuesta para la ciudad sino el proyecto más eficaz en términos económicos, lo que a nuestro juicio es contrario a los principios inspiradores que deben regir las administraciones públicas en defensa de la arquitectura como bien de interés público general», añade el escrito. «En la licitación no hemos encontrado ningún argumento para que se tramite de forma excepcional», explica Olalquiaga en declaraciones a este diario, que no entiende por qué se tramita en un expediente único y no se separa en dos: por un lado el proyecto arquitectónico y por otro la explotación de la obra de ese proyecto aprobado en un concurso público.

La propuesta de un concurso público de arquitectura es la tercera pata del recurso del colegio ante el tribunal. «Entendemos que no afectaría a la estabilidad presupuestaria de la Comunidad de Madrid limitar el objeto del contrato de concesión de obras a su fase de ejecución, explotación y mantenimiento licitando separadamente mediante concurso público la fase de proyecto», exponen los arquitectos. «Una sede judicial de estas características tiene que velar por la calidad de la arquitectura. Las personas que acuden allí o los trabajadores están en un contexto de estrés, a veces de tristeza. La calidad de la arquitectura tiene mucho que aportar y tiene que estar necesariamente implícito en un proyecto de esta magnitud», añade Olalquiaga, que considera que un concurso público garantizaría que no se piense solo en encajar el programa al presupuesto sino en criterios como la entrada al complejo, cómo se relaciona con el entorno, el paisajismo, la luz, la ciudad. «Todas estas cuestiones no se tienen en cuenta y lo que ha cambiado con la nueva ley de arquitectura es que se incide en la obligatoriedad de estos requisitos, máxime cuando estamos hablando de administraciones públicas», comenta.

Por último, la cuarta alegación que tendrá que examinar el tribunal está relacionada con la Ley de Contratación del Sector Público, que, recuerda el recurso, establecer que los criterios de adjudicación relativos a la calidad no pueden ser inferiores al 51%. Los pliegos publicados por la Comunidad de Madrid para la Ciudad de la Justicia otorgan una serie de puntos –hasta 65– en relación a criterios cualitativos como la limpieza de las infraestructuras, los servicios de seguridad o de mantenimiento, así como con el consumo energético, pero los criterios sobre la calidad de la arquitectura, lamenta el Colegio, «brillan por su ausencia». «No hay discusión sobre el porcentaje destinado a ellos. Simplemente son inexistentes», añade. Esto va en contra, sostienen, del artículo 145-4 de la ley, que sostiene que estos criterios de calidad deben representar al menos un punto más de la mitad de la puntuación asignable.

Cuando la Comunidad de Madrid publicó a principios de agosto los pliegos de la licitación para la nueva Ciudad de la Justicia quedó claro para el colegio que el proyecto no tendría el prestigio arquitectónico que pretendía el proyecto de Esperanza Aguirre, que incluía edificios de arquitectos de prestigio y altos honorarios para ellos, como la primera mujer en ganar el Pritzker, Zaha Hadid, o el autor de la cúpula del Reichstag alemán, Norman Foster. Aquel proyecto inicial quedó enterrado entre sospechas de corrupción que ahora investiga la Audiencia Nacional, cosas que nada tienen que ver con lo que se refiere a lo arquitectónico, sostiene Olalquiaga, que defiende la limpieza con la que se llevó a cabo el concurso y lamenta su fracaso. «Más allá de los follones y las polémicas con asuntos que iban fuera de la arquitectura, en todo lo que tuvo que ver con el proceso de urbanización y los concursos que convocó el Colegio, el proceso fue modélico, limpio y salió muy bien. Es una pena porque era un ejemplo de colaboración entre las administraciones y el COAM ejemplar», dice ahroa.

Hadid llegó a cobrar 50.000 euros por los trabajos iniciales de un proyecto que iba a costar 13 millones, pero que ni siquiera se firmó. Foster rubricó un contrato con la Comunidad por el que su empresa cobró 14 millones de euros en concepto de pago por los servicios profesionales de cara a un diseño que nunca llegó a materializarse. En 2009, en plena crisis económica, el Gobierno de Aguirre dejó el proyecto en punto muerto, tras haber enterrado por el camino más de 100 millones de euros de dinero público en contratos que investiga la Audiencia Nacional. De los 15 edificios proyectados entonces, solo se había levantado uno, el diseñado por Alejandro Zaera Polo, que no fue utilizado hasta la pandemia de COVID. Se empleó primero como morgue y después se instaló allí el Instituto Anatómico Forense de Madrid.

La contratación de arquitectos del prestigio de aquellos es improbable bajo los criterios de la licitación actual. Los precios que figuran en la documentación, según el COAM, son muy limitados como para emprender un proyecto de calidad arquitectónica garantizada: unos 1.200 euros por metro cuadrado sobre y unos 500 bajo rasante, sin el porcentaje de beneficio de la contrata ni impuestos. Los cálculos del colegio estiman que el precio por metro cuadrado en un edificio de máxima calidad arquitectónica pueden ascender hasta los 5.000 euros, y en un complejo como el de la Ciudad de la Justicia debería rondar entre 2.500 y 3.000. El precio de construcción de una vivienda de protección oficial rondaría los 1.000 euros por metro cuadrado.

“Son unos precios muy justos para unos edificios que tienen que tener una calidad arquitectónica”, explicaba Olalquiaga, a este diario en una noticia publicada a principios de agosto, tras conocerse el detalle de los pliegos. “Lo que plantean esas bases son unos criterios funcionales, pero no plantean en ningún momento criterios por los que se valore una buena arquitectura”, proseguía Olalquiaga. En el pliego aparecen únicamente cuestiones técnicas como el número de oficinas o de salas que deben tener los edificios, ejemplificaba el experto, pero no otra serie de cuestiones ligadas al diseño, como la entrada de la luz, los espacios u otras cuestiones que tienen su repercusión en la eficiencia energética y medioambiental de las construcciones “y que no tienen que ver con cuánto consume una máquina”, matizaba. “Todas esas cosas que apreciamos cuando entramos en un buen edificio”, explicaba el arquitecto.

¿Cómo se puede imaginar entonces la futura Ciudad de la Justicia? “En el concurso que ha sacado la Comunidad no se presupone un diseño específico”, explicaba Olalquiaga, en referencia a la imagen que difundió la administración hace unos meses. En ese ‘render’ solo se aprecian unos grandes bloques apiñados, sin espacios verdes ni la distancia entre edificios que se le presupone a un proyecto de arquitectura de envergadura. Que en este nuevo intento se vayan a reducir la áreas libres no es casualidad: el complejo original, licitado en 2007, contaba con 200.000 metros cuadrados, que en este se han visto reducido a 132.606 metros. “Han construido el Zendal y la parcela resultante para la Ciudad de la Justicia queda reducida”, indica el vicedecano.

Esta imagen contrasta con el concurso de ordenación original, que organizó el COAM y que ganaron los arquitectos Frechilla & Peláez en la época de Esperanza Aguirre, con un proyecto de grandes edificios circulares, con imponentes patios, en una zona espaciosa y en la que destacaba el paisajismo y por el que recibieron pagos que superan el millón y medio de euros.

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